Le paso a continuación la carta que me hacen llegar unos compañeros cazadores. Exijamos que a quien corresponda haga todo lo que esté en su mano para solucionar el problema y nuestros compatriotas vuelvan a España.
El pasado 30 de enero de 2024, los españoles Carlos Soto Linares, Enrique de la Riva Andrés, Francisco José López Rodríguez, Francisco Javier Soto García, Juan Claudio Jarillo Gómez y Luis Matías García Casero, acompañados por otros cinco compatriotas, llegan a Malatya (Turquía) en un viaje de caza organizado por la empresa WILD HUNTING IN TURKEY. El viaje estaba previsto que finalizase el día 4 de febrero.
Cabe destacar que todos son experimentados cazadores y que en España practican esta actividad, habitualmente, juntos en un coto que comparten desde hace años.
Las primeras jornadas de caza, día 31 de enero, 1 y 2 de febrero, trascurrieron con normalidad, pero la pesadilla comenzó el día 3 de febrero.
El sábado 3 de febrero, sobre las 9:30 horas, empleados de la empresa WILD HUNTING IN TURKEY, acompañados de dos representantes del gobierno turco, que hacían las labores de guardas forestales, colocaron a los cazadores en los puestos marcados previamente. Estos discurrían por una ladera paralela al río Kuruçay, en Boyaca Mah, Yazihan (Malatya). Tal y como les indicaba el personal, la zona estaba habilitada para la práctica cinegética y disponían de los permisos necesarios para la actividad cinegética. Los puestos se encontraban en una zona elevada sobre el lecho del río, de tal manera que la trayectoria de disparo siempre fuese de arriba hacia abajo, por lo que las balas que no alcanzasen una pieza cinegética quedarían enterradas en el terreno. La zona habilitada de tiro estaba libre de personas ajenas a la batida y libre de zonas urbanas. Se tomaron todas las medidas de seguridad precisas, incluso todos los cazadores, los acompañantes y batidores, llevaban puestos chalecos de color naranja o amarillo.
Tal y como marcan las normas de seguridad, todos los cazadores conocían la ubicación de los puestos colindantes y sabían hacia que zona podían dirigir sus disparos. Además disponían de unos equipos de radio para poder comunicarse entre ellos y con los organizadores.
Todo discurría con normalidad, pero en un momento dado, como una hora después de comenzar la batida, desde el puesto número 1, el cazador Enrique de la Riva, pudo observar con sus prismáticos como dos personas, varones jóvenes, de estatura media, 170-180 cm, armados con dos rifles caminaban a unos 280 metros de su puesto. Esta situación fue confirmada por un miembro de la organización, MERT KESEPARA. Inmediatamente, por las emisoras de que disponían, se dio aviso a todos los implicados en la batida (cazadores, miembros de la organización y representantes del gobierno), y se interrumpió la caza por motivos de seguridad. Estos dos individuos se dieron la vuelta y desaparecieron en cuanto se percataron de que habían detectado su presencia.
Pasados unos 15 minutos, momento en que finalizaba la batida, los organizadores recogieron de los puestos a los cazadores y se personaron en el lugar hasta 3 coches de policía. La policía, por medio del interprete que había proporcionado la organización, les informó de que había un herido, que debían entregar las armas y que tenían que acompañarlos al cuartel. Lo cierto es que no vieron ningún herido, ni siquiera tuvieron ningún indicio que indicase que una ambulancia pudiese recorrer la zona próxima al lugar de la batida.
Una vez en el cuartel, entregaron las armas. Allí tuvieron que pasar una larga noche en espera de que un interprete les asistiera para declarar ante la fiscalía y, posteriormente, ante el juez. Ese mismo día 4 de febrero, el juez decidió dejarles en libertad, sin retenerles sus pasaportes, con la obligación de presentarse cada 7 días en la comisaría del lugar donde se hallasen. Esta decisión judicial se ve avalada por la existencia de dos informes policiales en los que se establece, de manera categórica, que resulta imposible la participación, y, por tanto, la responsabilidad de los 6 cazadores españoles, en el supuesto accidente.
No obstante, estos 6 españoles se encuentran retenidos en Turquía al haber diligencias e las que, al parecer, tanto el ministerio fiscal como el juez, entienden que hay indicios de su participación en los hechos.
Desde el primero momento, este grupo de españoles, se pone en contacto con el Consulado Español y posteriormente con la Embajada de España en Turquía. Reciben de ambos toda la atención y apoyo, poniendo el propio embajador, Francisco Javier Hergueta Garnica, todos los medios a su alcance para intentar dar solución a esta penosa situación.
Mientras van trascurriendo estos largos días, el denunciante reclama una cantidad desproporcionada en concepto de indemnización a estos 6 españoles, cuando, según se ha expresado, les informaron que estuvo cuatro días en el hospital con una herida de origen sin determinar.
El día 29 de febrero, tras 26 días de retención en Turquía, estos 6 españoles, y aunque la policía manifestaba en sus informes que no eran responsables del siniestro, se han visto obligados a llegar a un acuerdo económico con la familia del herido y se han visto forzados a pagar una indemnización para conseguir que la familia retire la demanda y así poder volver a España. Con esta acción la fiscalía debería haber archivado el caso y levantado las medidas cautelares, pero hoy 2 de marzo, dos días después de la retirada de la demanda, estos españoles siguen retenidos en Turquía sin saber por qué no ni cuando la fiscalía archivará la causa.
Con este escrito se quiere poner de manifiesto la penosa situación por la que están atravesando estos 6 españoles, y por consiguiente sus 6 familias, y se solicita al Gobierno de España, por medio de su Ministerio de Asuntos Exteriores, que exija la salida de estos españoles de territorio turco para que puedan regresar a España”.